La sentencia del pleno de la Corte Suprema que revirtió un fallo de primera instancia que había resuelto la expulsión de un funcionario de la Corporación Administrativa del Poder Judicial por conductas impropias hacia subalternas ha sido motivo de debate y preocupación.

Los gremios que integran el Poder Judicial emitieron una declaración en que critican esta resolución, pues se interpreta como una señal contraria a los esfuerzos que el máximo tribunal ha impulsado en materia de equidad de género y no discriminación. Con todo, el voto de minoría, suscrito por el presidente subrogante Sergio Muñoz y las ministras Rosa María Maggi, Andrea Muñoz, Eugenia Sandoval y Angélica Repetto, puede considerarse como expresión de una interpretación garante de los derechos de los y las trabajadores y trabajadoras cuando denuncian situaciones tan serias como insinuaciones sostenidas y tocaciones ocurridas en el contexto de una relación laboral.

El acoso sexual está definido en el Código del Trabajo como una conducta contraria a la dignidad de la persona que consiste en que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe, y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.

Sin embargo, es importante recordar que las conductas que afectan la indemnidad sexual pueden configurar, además de ilícitos laborales, delitos. Tal es el caso del abuso sexual, que consiste en realizar abusivamente una acción de significación sexual distinta del acceso carnal, figura para la cual el legislador ha dispuesto penas privativas de libertad cuando la víctima es menor de 14 años, o cuando siendo mayor de dicha edad concurren otras circunstancias descritas en la ley, tales como la fuerza o intimidación, el aprovechamiento de la privación de sentido o de la incapacidad de la víctima para oponerse o cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental. Del mismo modo, el Código Penal tipifica como abuso sexual al que consiste en el empleo de sorpresa u otra maniobra que no suponga consentimiento de la víctima, siempre que esta sea mayor de 14 años.

Además, el mismo texto sanciona, esta vez como falta penal, con pena de multa, al que comete acoso sexual, entendiendo por tal el que se realiza en lugares públicos o de libre acceso público, sin mediar el consentimiento de la víctima, y que consiste en actos de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante, a través de actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos, o conductas consistentes en acercamientos o persecuciones, o actos de exhibicionismo obsceno o de contenido sexual explícito.

La moción parlamentaria que dio origen a la Ley 21.153, publicada el 10 de mayo de 2019, señaló, entre otros fundamentos, que nuestro Código Penal, si bien contemplaba diversos delitos relacionados a acciones de carácter sexual, no contemplaba uno de carácter residual que permitiera sancionar este tipo de actos en forma clara y tajante, de modo que, si bien nuestra legislación había avanzando en este sentido, en dicho momento solo existía una referencia en el ámbito laboral que sancionaba especialmente el acoso sexual.

En este sentido, cabe llamar la atención respecto de la resolución de la Corte Suprema, toda vez que si los hechos que relata y tiene por acreditados se cometieran en un espacio público o de libre acceso al público podrían, conforme a la legislación vigente, ser constitutivos de la falta penal mencionada, prevista y sanciona en el artículo 494 ter del Código Penal.

El tema no es baladí, razón por la cual las organizaciones en la actualidad deben establecer protocolos claros y conocidos por todos sus colaboradores, además de canales de denuncia directos y confiables, en el marco de una cultura de protección de los trabajadores, que permita entregar la suficiente contención y sanción de conductas que afectan la dignidad de las personas.

Para el empleador, el incumplimiento de su obligación de protección general de sus trabajadores y, en particular, la infracción de derechos fundamentales, entre otras, por conductas de acoso sexual, puede acarrear severas sanciones, tales como el pago de indemnizaciones con altísimos recargos en favor de los y las trabajadores y trabajadoras afectos, multas, publicación de la empresa infractora en diarios de circulación nacional y prohibición de contratar con el Estado por dos años.

Publicado en El Mercurio Legal