Responsabilidad Penal de empleadores y empresas por infracción de medidas sanitarias

La Ley Nº 21.240, que modifica el Código Penal en materia de delitos contra la salud pública, publicada el 20 de junio recién pasado, busca fortalecer, como su propio nombre lo dice, los protocolos determinados por la institucionalidad de salud pública en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio y se fundamenta en la necesidad de que exista un cumplimiento efectivo de la cuarentena o aislamiento por parte de las personas afectadas por estos, entendiendo que de esta forma se evita un contagio masivo al impedir la propagación del virus.

Con este objeto, y acogiendo la teoría que el Derecho Penal y las penas en particular pueden cumplir una función disuasiva entre los infractores, el proyecto de ley aumenta las penas del delito tipificado en el artículo 318 del Código Penal, que sanciona al que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio; establece una agravante especial para aquellos que cometen este delito mediante la convocatoria a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofe, pandemia o contagio, e incorpora un nuevo delito, con una pena aún mayor, para aquel que, en tiempo de pandemia, epidemia o contagio, genere, a sabiendas, riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria. Este último, conforme a la historia de establecimiento de esta ley, se aplicaría a los casos de personas que sabiendo que están contagiadas o que pudieren estarlo infringen las normas sanitarias.

Sin embargo, quizás lo más llamativo en esta nueva ley es la incorporación de una figura penal nueva, en el 318 ter del Código Penal que, con el fin de proteger el mismo bien jurídico de la salud pública, establece sanciones penales a los empleadores y las empresas que no cumplan con las medidas sanitarias decretadas por la autoridad pública.

En efecto, este artículo sanciona al que, a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando este sea distinto de su domicilio o residencia y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria.

De este modo, el empleador, quien actúe en su representación o la jefatura que ordene a un trabajador concurrir a su lugar de trabajo estando bajo cuarentena o aislamiento social podrá ser sancionado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y una multa de 10 a 200 unidades tributarias mensuales (UTM) por cada trabajador al que se le hubiere ordenado concurrir. Ambas penas son en este caso acumulativas.

Este caso podría aplicarse a aquellos empleadores, representantes o jefes que citan a sus trabajadores para concurrir al desarrollo de sus funciones infringiendo las normas sanitarias que impiden el desplazamiento o aislamiento social; sin embargo, cabe preguntarse si acaso resultará también aplicable a aquellos que sin ser empresas esenciales conforme a las resoluciones Nº 88 y Nº 133 de la Subsecretaria de Hacienda, obtengan permisos para sus trabajadores para que concurran a sus lugares habituales de trabajo.

Sobre esto último, cabe observar que este tipo penal contiene una hipótesis de dolo reforzado al utilizar la expresión “a sabiendas”, de modo que en el caso del empleador que obtiene un permiso para sus trabajadores, fuera de los casos contemplados en las resoluciones citadas, deberá efectivamente establecerse que ha procedido sabiendo que no tenía derecho a ello y, no obstante eso, ha obtenido el permiso para sus trabajadores. Este será, por ejemplo, el caso del empleador o representante legal que obtiene un permiso para sus trabajadores declarando un giro falso o que no le corresponde. Esto, sin perjuicio de que pueda cometerse, además, un delito por faltar a la verdad en la declaración jurada que se suscribe con ocasión de la obtención del permiso.

Además de la persona natural, responderá de este delito la persona jurídica, es decir, la empresa como tal. En efecto, esta nueva ley incorpora este delito al catálogo de la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las persona jurídicas, por lo tanto, la empresa será responsable penalmente por el delito cometido directa e inmediatamente en su interés o para su provecho por sus representantes, dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, quienes ejerzan la administración y supervisión de la persona jurídica o por quienes estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los sujetos mencionados anteriormente, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento por parte de la persona jurídica, de los deberes de dirección y supervisión.

Las penas para la persona jurídica pueden ser en estos casos la prohibición temporal de celebrar actos y contratos con el Estado, la pérdida de beneficios fiscales o la prohibición absoluta de recepción de los mismos por dos a tres años o multa.

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