Benjamín Costa, abogado socio del Estudio Navarro que defendió a la empresa en este caso, señaló que este fallo ‘ratifica el criterio que se mantenía por los Ministerios de Economía, Defensa y Trabajo y por la Contraloría General de la República, incluso antes de la Reforma Laboral, en el sentido de que la prohibición se refiere a todos los trabajadores que laboren en empresas cuyos giros se refieran a servicios de utilidad, sin distinción de su cargo’.